La Administración ahoga a las empresas retrasando los pagos tres veces más del límite legal

Fábricas en un polígono industrial de la Región de Murcia

Los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Estado tienen un límite legal de 60 días para pagar a las empresas que contratan (LEY3/2004, de 29 de diciembre sobre morosidad). Sin embargo, actualmente la media de retraso en los pagos de la Administración alcanza los 180 días (informe del Instituto de Crédito Oficial,ICO, recogido por las Cámaras de Comercio).

En total, siete de cada diez pequeñas o medianas empresas que son proveedoras de la Administración Pública han tenido problemas de cobro con la misma durante el tercer trimestre de este año. Sobre todo con los ayuntamientos, que suponen cerca de la mitad de todos los casos, seguidos por las Comunidades autónomas, que se acercan al 40%, y el Estado, casi el 20% (ICO).

Las administraciones públicas, ya sean el Estado, la Comunidad Autónoma o los ayuntamientos, están obligadas a pagar a sus proveedores un interés de demora y una indemnización por los costes de cobro si superan el límite legal de dos meses (LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

Pero, mientras pasan esos seis meses en los que suelen retrasarse las entidades públicas en pagar, las empresas a las que adeudan necesitan obtener dinero de alguna parte con el que seguir funcionando. Sin embargo, más del 88% de las pequeñas y medianas empresas que se han dirigido a entidades financieras en el tercer trimestre de 2011 han tenido problemas para obtener financiación (ver entrada de fuenteprimaria.blogspot titulada Los bancos han puesto trabas a 9 de cada 10 empresas que les han pedido financiación en el último trimestre).

Con la Administración Pública que no les paga y los bancos que no les prestan , las empresas tienen otro motivo más para echar el cierre. De hecho, a día de hoy hay 9.219 empresas menos en la Región de Murcia que en 2008, cuando se inició la crisis (ver entrada de fuenteprimaria.blogspot titulada La crisis ya ha acabado con una de cada diez empresas de la Región de Murcia, el doble que la media nacional).